La AP de Vigo prevé invertir 5 millones de euros en los terrenos de la antigua Vulcano
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La Autoridad Portuaria de Vigo ha defendido el proyecto para la adquisición de los terrenos privados anexos al antiguo astillero Factorías Vulcano con el objetivo de generar empleo y riqueza en el entorno portuario.

La Autoridad Portuaria de Vigo ha defendido un proyecto para los terrenos de la extinta Factorías Vulcano que genere el mayor nivel posible de empleo y riqueza en los terrenos portuarios, al tiempo que aporte seguridad jurídica a los inversores que decidan apostar por su uso sin excluir a ningún sector de actividad, pero apostando de forma preferente y fundamental por el naval.

Con ese objetivo, la entidad ha remitido a los consejeros toda la información y documentación sobre esta controversia y su propuesta sobre los terrenos, que pretende asegurar la atracción de inversores y dar seguridad jurídica a los interesados rescatando la concesión, adquiriendo los terrenos anexos al astillero y sacándola en conjunto a concurso por un máximo de 50 años, tal como establece el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

 

Conflictos de jurisdicción

Esta propuesta, sin embargo, está condicionada al dictamen que realice el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, al que la Autoridad Portuaria de Vigo ha trasladado el caso, a través de una solicitud a Puertos del Estado, para que el Ministerio de Transportes, Movilidad  y Agenda Urbana plantee un conflicto de jurisdicción  con  respecto  al  expediente  de  declaración de  extinción  de  la concesión, cuyo objetivo final se centra en que se establezca cuál es el procedimiento que se debe seguir en relación con la concesión de los terrenos de la extinta Factorías Vulcano y dar todas las garantías jurídicas a los inversores interesados en ella.

Esta remisión y la búsqueda de una resolución al respecto de la controversia se encuentra en línea con la búsqueda de mayor seguridad jurídica posible y aprovecha el aplazamiento de la votación que Puertos del Estado solicitó al Consejo de Administración sobre la resolución del expediente de declaración de extinción de la concesión, con el objetivo de proporcionar un tiempo adicional para la búsqueda de una posible solución al problema.

A este respecto, la complejidad sobre la interpretación de la posible extinción de la concesión y la implicación en la misma de la jurisdicción mercantil debido a la situación de la empresa genera un conflicto claro de jurisdicciones, que puede sobrepasar las competencias del Consejo de Administración y de sus consejeros, por lo que, atendiendo también a las dudas expresadas por algunos de los miembros del Consejo sobre cuál es la legislación que debe de prevalecer en este caso, desde la Autoridad Portuaria se ha buscado solución en los órganos especializados en la resolución de estos conflictos para garantizar la mayor seguridad jurídica.

En línea con esto, la Autoridad Portuaria de Vigo defiende un proyecto que permita superar la inseguridad jurídica actual, que limita la atracción de inversores, y favorezca la llegada de importantes iniciativas de diferentes empresas, incluso del ámbito internacional. En este sentido, cabe recordar que la concesión de Factorías Vulcano está extinguida de acuerdo con el artículo 96 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, pues establece que la concesión se extingue, entre otras razones, por la disolución o extinción de la sociedad, como sucede en este caso.

No obstante, la concesión de Factorías Vulcano vencía en diciembre de 2027, sin posibilidad de ser prorrogada, tal y como regula la Ley en su disposición transitoria segunda al establecer que es “incompatible con los criterios de dominio público portuario el mantenimiento de concesiones otorgadas a perpetuidad, por tiempo indefinido o por plazo superior a 35 años a contar desde la entrada en vigor de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre”. “En todos estos casos, las concesiones vigentes se entenderán otorgadas por el plazo máximo de 35 años a contar desde la entrada en vigor de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre”, añade la normativa.

Con el objetivo de dar seguridad jurídica, y si cuenta con el aval del tribunal, la Autoridad Portuaria de Vigo apuesta por un proyecto a largo plazo con una concesión a 50 años mediante la recuperación de la concesión, la adquisición de los terrenos anexos al astillero y su salida a concurso, con la finalidad de atraer a un mayor número de inversores -de cualquier sector de actividad pero, fundamentalmente, del naval- y maximizar así la generación de empleo y riqueza en los terrenos portuarios.

En esta línea, y conforme a la legalidad vigente, la entidad trasladó a los consejeros que, si el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción lo avala, presentará al Consejo de Administración, competente en esta decisión, esta propuesta de proyecto a largo plazo para su aprobación, puesto que se trata de una cuestión recogida en el propio texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que establece en su artículo 86.1 que la Autoridad Portuaria “podrá convocar concursos para el otorgamiento de concesiones en el dominio público portuario”, al tiempo que señala en el artículo 86.3 que el Consejo de Administración “aprobará el pliego de bases del concurso y el pliego de condiciones que regularán el desarrollo de la concesión”.

La Ley también establece en el artículo 86.5 que corresponde al Consejo de Administración “la resolución del concurso” y en el artículo 86.6 que la oferta seleccionada por el Consejo “deberá someterse a la tramitación prevista para el otorgamiento, en su caso, de la correspondiente concesión”.

En este sentido, la propuesta que la Autoridad Portuaria de Vigo pretende someter a la consideración del Consejo de Administración busca aportar seguridad jurídica y optimizar el uso de los terrenos, apoyando la misma con la reserva de una partida de cinco millones de euros en el marco de su plan de inversiones vigente, con el objetivo de adquirir los terrenos privados anexos al astillero de la extinta Factorías Vulcano.

La Autoridad Portuaria de Vigo informó hace más de un año tanto al comité de empresa del astillero como a las administraciones involucradas en él y a las empresas que se interesaron por el mismo, de la inseguridad jurídica vinculada a la concesión. Desde el principio, el objetivo de la institución ha sido optimizar el uso de los terrenos para generar empleo y riqueza en la zona, así como aportar seguridad jurídica a largo plazo a los inversores que finalmente se hagan con la concesión sin excluir a ningún sector, pero apostando fundamentalmente por la continuidad de la actividad naval de reparación y construcción.